La revista nace por disposición del gobierno de Honduras, concretamente tras una orden firmada por el presidente Alvarado de 29 de agosto de 1889 que se reproduce en el primer número de la revista. La revista estaba “destinada principalmente a registrar en sus columnas los fallos definitivos y las sentencias interlocutorias que por algún concepto estén revestidos de importancia”. En el primer número se anunciaba que en la revista "caben perfectamente los comentarios y juicios críticos que sugieran nuestros cuerpos de leyes"; y en efecto, pronto empezó la revista a incluir junto a las “resoluciones de los tribunales” una “sección editorial” en la que se publican artículos de interés para los profesionales del Derecho, especialmente jueces y abogados.