Privación de la cátedra y expediente de responsabilidades políticas

Mediante Orden de 22 de febrero de 1939, se acordó la separación definitiva del servicio de José Xirau, junto con otros siete catedráticos de Universidad, entre los que figuraba también su hermano Joaquín.

Esa sanción fue impuesta a los hermanos Xirau y a los otros seis catedráticos sin tramitación previa de un expediente de depuración, basándose en una interpretación amplia del concepto de hecho notorio.

En el preámbulo de la Orden se decía que concurrían en los catedráticos sancionados las mismas razones que habían motivado la separación definitiva del servicio decretada contra otros profesores por una Orden de 4 de febrero de 1939, mediante la que se había sido impuesto a varios profesores la misma sanción sin expediente previo, atendiendo a “los antecedentes completamente desfavorables y en abierta oposición con el espíritu de la Nueva España” de los profesores sancionados. Además, la Orden de 22 de febrero de 1939 declaraba que también se tenían en cuenta “las públicas conductas seguidas en el extranjero por algunos de los Profesores” sancionados. Por todo ello, la referida Orden de 22 de febrero de 1939 entendía que no podía haber discrepancia a la hora de calificar como “enemigos de España” a aquellos catedráticos.

Después de la guerra civil, se acordó también la incoación de un expediente de responsabilidades políticas contra los hermanos José y Joaquín Xirau. Este procedimiento se siguió en rebeldía de los dos imputados, y concluyó con una sentencia dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona el 30 de junio de 1941, mediante la que se condenó a ambos a la “pérdida total de bienes, inhabilitación absoluta perpetua y extrañamiento perpetuo del territorio nacional”.

En el Resultando de hechos probados la sentencia afirmaba respecto de José Xirau: “Que José María (sic) Xirau Palau, de 47 años (sic), sin bienes ni cargas conocidas por la situación de rebeldía del inculpado, catedrático de derecho, es persona de izquierdas destacada, afiliado a Izquierda Catalana (sic) del cual (sic) era uno de los directivos. Intervino ya cuando los sucesos de Jaca firmando proclamas en defensa de los sublevados. Fue Diputado del Parlamento Catalán (sic) y durante los sucesos de octubre estuvo encarcelado. Hacía gran propaganda de sus ideas, siendo en época roja Presidente del Sindicato de Trabajadores de la enseñanza universitaria. Hizo propaganda roja en esta época en el extranjero y huyó a Francia antes de la liberación de la Ciudad”.

Al procederse a la ejecución de la sanción económica impuesta por la sentencia, sólo se encontró un bien perteneciente a José Xirau: “un balandro de regatas […] por un valor de 5.000 pesetas, con casco de madera, construcción 1914, en Sestao, motor `Kelvin´ de 2 cilindros, construcción 1931”.

El 30 de octubre de 1964, el Magistrado-Juez Especial de Ejecutorias adscrito a la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas remitió exhorto al Juzgado Decano de Barcelona, para que averiguara si los hermanos José y Joaquín Xirau vivían en Barcelona, y, en tal caso, localizara su domicilio. Hechas las oportunas indagaciones, la policía de Barcelona informó que Joaquín Xirau había fallecido en México, y que José Xirau vivía en París.

El 11 de diciembre de 1964 el Ministerio Fiscal promovió expediente de indulto a favor de José y Joaquín Xirau, en relación con la sentencia que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona había dictado el 30 de junio de 1941. La iniciativa del Ministerio Fiscal se basaba en que los hermanos Xirau no habían cometido actos delictivos comunes, ni habían participado en “actos de crueldad o de sangre”.

El 17 de marzo de 1965 el Presidente de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas ordenó recabar informes acerca de la posible concesión del indulto a los hermanos Xirau.

El Gobernador Civil de Barcelona, Antonio Ibáñez Freire, que tiempo después sería nombrado ministro del Interior por Adolfo Suárez, remitió un informe (23 de enero de 1965) en el que manifestaba que la actuación política de José Xirau “ha sido de regular importancia, sin que se le conozcan hechos delictivos de ninguna clase”. Pero el mismo Antonio Ibáñez Freire, en su condición de Jefe Provincial de Falange y de las JONS de Barcelona, envió otro informe posterior (8 de abril de 1965) al Presidente de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, en el que manifestaba que no se oponía al indulto si éste quedaba limitado a dejar sin efecto las medidas de carácter patrimonial que se habían acordado contra los hermanos José y Joaquín Xirau, pero que, por el contrario, mostraba su disconformidad con la concesión del indulto si lo que se pretendía con ello era otorgar a José Xirau la rehabilitación personal o profesional (su hermano Joaquín había fallecido en México el 10 de abril de 1946). El informe del Jefe Provincial de Falange concluía en los siguientes términos: “Toda decisión que pudiera contribuir a que D. José María (sic) Xirau Palau regresara a nuestro país se considera improcedente, ya que daría lugar a que muchos elementos activistas la interpretaran como un signo de claudicación o debilidad del Régimen, que posiblemente podría originar posteriores perturbaciones de marcado matiz separatista que es necesario prevenir”.

Pero el 4 de mayo de 1965 el Ministerio Fiscal presentó otro escrito en el que pedía que se dejara sin efecto la tramitación del indulto particular y se acordara el archivo de los autos, basándose en que el 30 de mayo de 1947 la Audiencia Provincial de Barcelona había decretado el sobreseimiento del expediente de responsabilidades políticas seguido contra los hermanos Xirau.

El 5 de mayo de 1965 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, acogiendo la petición del Ministerio Fiscal, acordó archivar las actuaciones.