En febrero de 1937 sufrió un primer proceso de depuración, por el que se le impuso una sanción de suspensión de empleo durante dos años. Se conservan los pliegos de cargos de los que fue acusado. El Gobierno Civil de Oviedo, por ejemplo, lo describía como de «tinte más bien izquierdista», aunque reconocía el que no se había «significado», «pues no actuó en política», pero de todos modos le censuraba el no «tener demasiada afición a la cátedra, pues voluntariamente pasó hace un par de años a la Secretaría Técnica del Tribunal de Garantías Constitucionales». Otro informe gubernativo de la misma fecha lo presentaba de tal guisa: «Izquierdista, aunque hombre de reservas y siempre dispuesto a sostenerse en cualquier situación y por cualquier procedimiento; persona de cuidado y nebulosa. Al iniciarse el Movimiento ni se movilizó ni hizo público acto de acatamiento y adhesión, permaneciendo escondido e indiferente». Y, con rotundidad, aconsejaba: «No debe continuar en la Universidad pues no es persona que merezca confianza». En el preceptivo informe del rectorado ovetense salía igualmente malparado en lo relativo a su «Conducta política y social»: «Amigo de azañistas. Ha procurado ocultarse durante el asedio. Solo una vez le he visto, y le invité a movilizarse. […] A pesar de haber sido compañero de estudios no me ha sido posible conocer sus ideales políticos en estos tiempos y solo los podría colegir por el refrán que dice ‘Dime con quien andas y te diré quien eres’». Al no contar con firma alguna, se duda que el autor del informe fuese el rector accidental Isaac Galcerán y el propio Sabino Álvarez Gendín, que ocupó el rectorado ovetense con posterioridad.

En aquel primer trance alegó a su favor lo siguiente: «jamás he intervenido en política, ni he figurado en el censo de ningún partido» y subrayaba su «abstención de cualquier partidismo extremista y, para decirlo sin modestia, mi nunca desmentida ecuanimidad». «Apelo en abono de mis palabras […] no solamente al juicio de mis colegas universitarios (salvando la posibilidad de una animadversión personal de la cual, sin saberlo, pudiera ser víctima), sino a la opinión de las personas más destacadas en la vida política local, dignificadas por la moderación y patriotismo de sus campañas, como José Mª Fernández Ladreda, Jefe de Acción Popular» o el «rector preeminente de esta agrupación [el Partido Liberal Demócrata] Fermín Landeta Villaamil, cuya posición frente a la revolución de Octubre y el magno movimiento libertador de España, se significó siempre por el sostenimiento heroico de sus convicciones». Añadía además que recordaría «durante toda [su] vida con una angustia infinita los días en que, ausente de Oviedo, y en el transcurso de la subversión comunista de Asturias, tenía que atormentarme en todo momento la prisión y martirio de mi padre, Pedro González García, arrancado de nuestro hogar y llevado a pié de Mieres, en donde le retuvieron cautivo las hordas marxistas».

Y continuaba con sus declaraciones de descargo: «a lo largo de mi vida profesional no me he apartado nunca de esa línea ponderada y ecuánime», «huérfano de la protección de aquellas personas e instituciones que han monopolizado durante largos años el dominio de la vida docente en España. No he disfrutado de ninguna pensión, por ejemplo, de la Junta para la Ampliación de Estudios, ya que las dos veces que estudié fue debido a los créditos votados por los Claustros de Oviedo y Murcia. En las oposiciones en que gané la Cátedra de político en 1925 sufrí la malquerencia de elementos de izquierda y siempre guardaré gratitud a los vocales Gonzalo del Castillo y Carlos Ruiz del Castillo, hombres ambos de derecha, que defendieron mis ejercicios hasta llevarme al triunfo, con verdadero cariño y denuedo. Cuando el movimiento sindical de la FUE sembró la discordia en las filas estudiantiles, yo fui de los pocos […] que se mantuvieron incólumes a su contagio, oponiéndome rotundamente a la intromisión en la vida académica de todo partidismo político. Cuando siendo catedrático de aquella Universidad [de Murcia] hubo de proveer una Auxiliaría vacante […] propuse y defendí […] con verdadera decisión el nombre de D. Federico Salmón Amorío, exredactor de El Debate, más tarde Diputado y ministro de la CEDA, ya por aquel tiempo bien destacado en el campo de las derechas, resultando elegido Auxiliar frente a D. Emilio Escudero, patrocinado por los elementos izquierdistas del Claustro y, singularmente, por el Sr. Ruiz Funes. (Con motivo de una campaña desarrollada por El Debate en torno a unas conferencias pronunciadas en aquella Universidad por Jiménez de Asúa, se quiso adjudicar la iniciativa de la misma al Auxiliar de mi asignatura y se me exteriorizó incluso por algunos colegas su disgusto por la actuación derechista de mi colaborador en la Cátedra: en aquellos días pre-revolucionarios […] yo no mermé en lo más mínimo la confianza depositada en el Sr. Salmón […]. Cuando se anunció el concurso-oposición en el que fue adjudicada a D. Fernando de los Ríos la Cátedra de Estudios Superiores de Ciencia Política en el Doctorado, yo fui el único profesor que firmó la convocatoria y quien tuvo que sufrir incluso ataques e invectivas de la prensa de Madrid por mi “atrevimiento” y amenazas más o menos directas de las organizaciones estudiantiles encaminadas a lograr mi desistimiento […] En la colección de El Debate quedó constancia de esta actitud mía). Cuando acudí al concurso anunciado para proveer las plazas de Secretario de Sección vacantes en el Tribunal de Garantías tuve el honor de ser propuesto el primero de los catedráticos nombrados por una ponencia integrada por tres vocales entre los que figuraban […] Víctor Pradera y Carlos Martín Álvarez (ExGobernador Civil de Madrid en la Dictadura), alguna de las cuales ha sufrido el martirio de ser asesinadas». Y sobre su época de letrado en la Corte Constitucional concluía recordando que había sido «Secretario de sección a las órdenes inmediatas de César Silió […] en un Tribunal que ha decidido cuestiones espinosas en un ambiente de exacerbación política y cuya composición, al computar los votos de sus miembros, como es público y notorio, no se inclinaba hacia las izquierdas».

Si no se involucró activamente en el «Alzamiento» fue porque resultó «declarado inútil total cuando [le] correspondía cumplir los honrosos deberes con la Patria», careciendo «de toda eficiencia militar». A pesar de ello, desempeñó con frecuencia «servicios auxiliares de innegable utilidad» y fue «una de las pocas personas que, en momentos de zozobra», ayudó directamente a oponerse al avance de las milicias. Así, relataba que «cuando los marxistas estaban ya cerca de la casa en que vivían mis padres, subí al piso tercero en donde quedaban vigilando desde la altura unos guardias civiles, ayudándoles en la labor de proteger con piezas de tela subidas del almacén que existía en la casa, la ventana desde la cual se realizó aquel servicio, no abandonando la casa hasta que uno de los guardias civiles obligó a su evacuación». «Mi familia –continuaba declarando Teodoro González– quedó sin hogar con el incendio de la casa sin que pudiera salvarse nada, perdiendo en la catástrofe por mi parte todos los libros que tenía depositados en el piso, patrimonio inapreciable para mí. Y me trasladé a Salamanca para vivir al lado de un hermano, Teniente fiscal de la Audiencia».

En cuanto a su supuesto desapego a la cátedra por haber pasado a la secretaría técnica del Tribunal de Garantía alegaba lo que sigue: «puedo decir con orgullo que jamás me he despojado en mi vida de mi vocación de profesor. Me he entregado siempre a la cátedra sin sentir las fáciles tentaciones de la abogacía o la política. He dado mi clase con el mejor de mis afanes». Y el paso al Tribunal de Garantías no obedecía desde luego al propósito de abandonar la labor universitaria, sino que más bien se debía a «la competencia peculiar del Tribunal y la perspectiva de las futuras y difíciles cuestiones que habría de abordar en su día y para cuyo estudio y enjuiciamiento creía perfectamente idóneos mis trabajos de Derecho constitucional». También jugaron otras «consideraciones» de relevancia fundamental «como la interinidad, en un principio, del puesto que no me exigía de momento el desprendimiento de mi cátedra y me permitía medir, durante las vacaciones del verano, las exigencias de las nuevas tareas con mis inclinaciones y temperamento», o como «las sugestiones también muy poderosas sobre mi espíritu de varios catedráticos eminentes, Vocales del Tribunal de Garantías, que querían contrarrestar la vinculación política de la elección de sus miembros […] con el asesoramiento ecuánime de capacidades técnicas». La cuestión es que su labor en el mencionado tribunal no disminuyó sus «entusiasmos de profesor de Derecho político»: «El estudio y resolución de los problemas inherentes a la competencia del Tribunal y singularmente cuanto se refiere a los recursos de inconstitucionalidad y amparo han abierto nuevos horizontes, en la práctica, a mis desvelos científicos», reconocía, y agregaba que la «biblioteca del Tribunal de Garantías es obra naciente, en gran parte, de nuestros afanes». Por último, como otra muestra más de que evidentemente su puesto de letrado no implicaba desapego a la investigación, aseguraba «haber entregado antes de marcharse de vacaciones por encargo expreso de la ponencia nombrada al efecto por el pleno» un extenso trabajo con el título de La jurisdicción constitucional en los EEUU.

Al término de esta (primera) depuración fue sancionado con suspensión de empleo y sueldo durante dos años completos, tras los cuales, volvería a ingresar en la enseñanza, sin que ello le librara de volver a pasar otra depuración, ya sin consecuencias punitivas, en julio de 1940. Durante la que fue, en sentido estricto, su segunda depuración alegó haber «residido sin interrupción desde el 18 de julio de 1936 en zona nacional» y haber sido «sometido a expediente por Orden de la extinguida Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado en 20 de enero de 1937», habiéndosele impuesto entonces «la sanción de empleo y sueldo por dos años desde el 27 de febrero de 1937».

En el curso de este (segundo) proceso depurador, que tuvo lugar en julio de 1940, declaró los siguientes extremos:

«El 15 de julio de 1936 [el declarante] llegó a Oviedo, provisto de un permiso reglamentario, para vivir una temporada al lado de sus padres, residentes en esta ciudad. Se relacionó en dicho punto, en su calidad de Secretario [del Tribunal de Garantías], con el Vicepresidente primero D. Manuel Miguel Traviesas (de resuelta y calurosísima actitud a favor del glorioso Movimiento Nacional, como fue notorio en Oviedo), también residente en la misma capital, y fallecido este señor en el siguiente mes de Septiembre hizo patente su incondicional adhesión al Nuevo Régimen al Presidente en funciones de la Audiencia Territorial D. Víctor Covián y Frera, quien, por ser la autoridad más afín a su cargo, declaró, literalmente, en oficio dirigido en 22 Diciembre de 1936 al Presidente de la Junta Técnica, que “siempre estuve conforme con los juicios emitidos por el que dice a favor del Glorioso Movimiento Salvador, hasta el extremo de reconocer que un fracaso implicaría la ruina de España que pasaría a manos de los elementos más extremistas del Frente Popular, quienes terminarían implantando la más odiosa de las dictaduras”».

«Al mismo tiempo, y como catedrático excedente estuvo en relación con el Rector en funciones, Sr. Fresno, quien, a petición del firmante, expidió otro oficio en el que manifestaba que “su conducta y opinión fueron inequívocamente favorables al Glorioso Movimiento Nacional”. Roto heroicamente el asedio que sufría la ciudad de Oviedo, se trasladó a Salamanca en espera de poder mudarse a Madrid». Se puso entonces a disposición del vocal más antiguo del Tribunal de Garantías, Pedro J. García de los Ríos.

«A lo largo de nuestra Cruzada [el declarante] aprovechó cuantas coyunturas se le ofrecieron para reiterar el modesto concurso de sus esfuerzos en beneficio de la Causa Nacional […] en relación con la etapa precursora del Movimiento se atreve a significar que en su labor de secretario de Sección del extinguido Tribunal de Garantías, en colaboración directa y sirviendo los dictados de los señores vocales de la Sección 2ª, coadyuvó con su asesoramiento técnico a la labor netamente patriótica, frente a la arbitrariedad gubernamental, de la mayoría de los miembros de aquel organismo, alguno de los cuales, como los llorados Víctor Pradera, Francisco Beceña, Gonzalo Merás y Navia-Ossorio, pertenecientes a su Sección, fueron trágicamente inmolados por la barbarie roja».

«Jamás ha estado afiliado el que suscribe a ningún partido político o entidad sindical […] siendo bien conocido su carácter modesto y ecuánime, retraído de toda participación activa en la política, por la gente de Oviedo, en cuya ciudad conserva en el tiempo […] recuerdos bien profundos y dilatados».

Puso como testigos de sus declaraciones a José Mª Fernández Ladreda, Coronel de la Fábrica de Armas de Oviedo, Rafael Arias de Velasco, jefe provincial de la Falange, Víctor Covián y Frera, Presidente de la Sala Especial del Divorcio en el Tribunal Supremo; y a Carlos Ruiz del Castillo, rector de la Universidad de Santiago, profesor también de derecho político y exvocal del Tribunal de Garantías.