En algunas semblanzas referidas a Guasp se dice que fue nombrado Oficial Letrado del Consejo de Estado el 18 de julio de 1936, pero esto no es exacto. Aunque Guasp aprobó en 1936 las correspondientes oposiciones, que terminaron en junio de aquel año, el inicio de la guerra civil impidió su nombramiento y la toma de posesión. El nombramiento se produjo después de la guerra civil, mediante la Orden de la Vicepresidencia del Gobierno de 22 de junio de 1939, que decretó lo siguiente: “Esta Vicepresidencia ha acordado, con fecha de hoy, nombrar Oficial Letrado de ingreso del Consejo de Estado, con el haber de siete mil pesetas al mencionado don Jaime Guasp Delgado, número 3 de la propuesta del Tribunal que presidió las últimas oposiciones de dicho Cuerpo, haciéndose constar a todos los efectos legales, salvo el de percepción de haberes, que se retrotrae la fecha del nombramiento al día 18 de julio de mil novecientos treinta y seis”. Así pues, el nombramiento fue posterior a la guerra civil, pero con efectos retroactivos referidos a la fecha fundacional del régimen político franquista, es decir, al 18 de julio de 1936.

Tras haber obtenido Guasp la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, el Presidente del Consejo de Estado pidió al Ministro de Educación Nacional que el nuevo catedrático quedara adscrito a la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Madrid, lo que le permitiría seguir prestando servicios en el Consejo de Estado, “ya que nos perturbaría muchísimo privarnos de este letrado, que es brillantísimo”. Esa petición no fue acogida, por lo que Guasp pidió la excedencia en el Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado, que le fue concedida mediante Orden de 6 de octubre de 1941.

Al año siguiente Guasp pidió el reingreso al servicio activo como Oficial Letrado del Consejo de Estado, que le fue otorgado por Orden de 7 de diciembre de 1942. Asimismo, Guasp solicitó la excedencia voluntaria como catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, que se le concedió por Orden de 12 de diciembre de 1942.

La Orden de 31 de julio de 1943 nombró a Guasp Oficial Letrado de segundo ascenso del Consejo de Estado. En 1944 el Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado pasó a denominarse Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Por Orden de 29 de enero de 1945 se nombró a Guasp Letrado de Término de ese alto órgano consultivo.

A lo largo de la mayor parte de su vida activa, Guasp compatibilizó el desempeño de sus funciones como Letrado del Consejo de Estado con la docencia universitaria. Prestó servicios en las siguientes Secciones del Consejo de Estado: 3ª (Gobernación y Trabajo), 6ª (Obras Públicas, Industria y Comercio) y, sobre todo, 2ª (Asuntos Exteriores y Justicia). Durante algunos meses, fue Letrado de Secretaría.

Mediante Decreto de 13 de junio de 1957, fue nombrado Letrado Mayor del Consejo de Estado, siendo adscrito en octubre de ese mismo año a la Sección 7ª (Recursos de agravios civiles), para pasar a ser asignado, en mayo de 1958, a la Sección 2ª, en la que permanecería hasta su jubilación, producida el 26 de julio de 1983. Al jubilarse, declinó el nombramiento como Consejero permanente.

Durante esa larga etapa como Letrado Mayor de la Sección 2ª del Consejo de Estado, Guasp inspiró y dirigió la elaboración de numerosos dictámenes sobre otros tantos proyectos de importantes disposiciones, entre las que cabe mencionar las siguientes: Reglamento de la Ley del Registro Civil (aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958), Texto revisado del Código Penal (aprobado por Decreto de 28 de marzo de 1953), Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos (aprobado por Decreto de 24 de diciembre de 1964), Texto refundido del Código Penal (aprobado por Decreto de 14 de septiembre de 1973) y Texto articulado del Título Preliminar del Código Civil (aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1974).

A propuesta de la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid adoptada en la sesión del 10 de noviembre de 1944, Guasp fue nombrado Jefe de Estudios de la Escuela Judicial. La Orden del Ministerio de Justicia de 18 de junio de 1959 aceptó la renuncia de Guasp a ese cargo.

Por Orden de 18 de junio de 1945, Guasp fue nombrado Secretario interino de la Sección 9ª de Derecho Procesal del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. La Orden de 23 de febrero de 1946 decretó el cese de Guasp en ese cargo. En virtud de Orden de 14 de marzo de 1947, se nombró a Guasp Secretario de la Sección de Derecho Procesal del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, decretándose su cese en ese cargo mediante Orden de 16 de enero de 1956.

Guasp fue autor material de importantes disposiciones, entre las que destacan las siguientes: la Ley de 22 de diciembre de 1953, que reguló los Arbitrajes de Derecho Privado, y el Estatuto General de la Abogacía, aprobado mediante Decreto de 28 de junio de 1946. A su vez, la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se inspiró en el sistema elaborado por Guasp. Por ello, en la entrevista mencionada de 1977 Guasp decía que se consideraba “padre” del Estatuto General de la Abogacía y de la Ley de Arbitrajes de Derecho Privado, y “abuelo” de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Su discípulo Pedro Aragoneses Alonso ha indicado que el concepto de pretensión procesal elaborado por Guasp, que es “la piedra angular de todo su sistema”, se refleja en diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000.

Mediante Decreto de 18 de febrero de 1949, Guasp fue nombrado Vocal de la Comisión General de Codificación, quedando adscrito desde el 2 de abril del mismo año a la Sección 3ª (Organización de Tribunales y Derecho Procesal). El 31 de mayo de 1949 la Comisión Permanente de la Comisión General de Codificación acordó designar a Guasp Vicepresidente de esta misma Sección. En virtud de Orden de 31 de marzo de 1962, Guasp fue nombrado Presidente de dicha Sección 3ª, sustituyendo en ese cargo a Manuel de la Plaza Navarro. En 1971 presentó su dimisión como Presidente de la Sección 3ª de la Comisión General de Codificación. El Real Decreto de 26 de febrero de 1976 reorganizó la Comisión General de Codificación, que pasó a estar integrada por cinco Secciones, encomendándose a la Sección 5ª la materia concerniente a Organización de Tribunales y Derecho Procesal. La Orden de 22 de marzo de 1976 incluyó a Guasp entre los Vocales permanentes de esa Sección 5ª, nombrándose Presidente de la misma a Valentín Silva Melero. Pero, a partir de su dimisión, Guasp dejó de participar en los trabajos de la Comisión General de Codificación.

Guasp desarrolló una intensa actividad en el seno de la Sección 3ª de la Comisión General de Codificación.

El primer encargo importante se produjo poco después de su nombramiento como Vocal de la Comisión. El 6 de julio de 1949 el Ministro de Justicia dirigió una Orden a la Comisión General de Codificación, a fin de que procediera “en el plazo máximo de cuatro meses a la elaboración de un proyecto de reforma inmediata de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se contraiga a la propuesta de un nuevo y único tipo de procedimiento ordinario”. En esa Orden se disponía que la reforma debía inspirarse en las directrices formuladas en un informe que había redactado el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, que se acompañaba a la Orden ministerial. El informe en cuestión había sido elaborado bajo la dirección de Guasp, que era Secretario de la Sección de Derecho Procesal del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. La Sección 3ª de la Comisión General de Codificación encargó a Guasp la ponencia relativa a ese proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El 29 de noviembre de 1949 la Sección 3ª de dicha Comisión aprobó la ponencia redactada por Guasp. En febrero de 1950 la Comisión remitió al Ministerio de Justicia el texto del proyecto de reforma del proceso civil, que incluía como novedades más relevantes el incremento de las facultades procesales del juez, sobre todo en materia de prueba y en lo concerniente al control de los defectos procesales, y la refundición en un solo periodo, común a todas las partes, de la proposición y la práctica de la prueba, bajo los principios de oralidad, inmediación y concentración procesal. También se preveía la supresión de diversos procedimientos especiales. El proyecto de reforma del proceso civil fue remitido a las Cortes, pero el Gobierno lo retiró en 1953, antes de que fuera aprobado por la Comisión de Justicia.

En noviembre de 1950 la Sección 3ª de la Comisión General de Codificación encargó a Guasp y a Manuel de la Plaza la preparación de un proyecto de Ley de justicia correccional.

A lo largo de 1951 y 1952 la Sección 3ª de la Comisión General de Codificación fue estudiando y aprobando la ponencia sobre un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Civil que había sido redactada conjuntamente por Guasp y Manuel de la Plaza. Se llegaron a aprobar los artículos correspondientes al Título preliminar y a la Parte general, pero esta labor quedó interrumpida por el estudio de otros proyectos urgentes de reforma.

Guasp también formuló una ponencia sobre una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que desembocó en la Ley de 24 de abril de 1958, mediante la que se modificó el Título IV de la Primera Parte del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (medidas provisionales en relación con las personas).

Guasp redactó diversas normas del Título preliminar de un anteproyecto de Ley Orgánica de la Justicia, que después fueron incorporadas, de forma prácticamente literal, al Título V de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Posteriormente, ese trabajo de Guasp también influyó en la redacción de los artículos 117 y 119 de la vigente Constitución española de 1978.

En 1966 Guasp elaboró unas bases sobre la sistemática que debía seguirse en la elaboración del anteproyecto de Código Procesal Civil que se intentó componer en la Sección 3ª de la Comisión General de Codificación.

Guasp formó parte de la Sección 4ª del Instituto de Estudios Políticos, y participó en la redacción de un anteproyecto de Ley de concurso de acreedores, elaborado por dicho Instituto.

En febrero de 1966 fue nombrado Vocal de la Comisión encargada de redactar un anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, creada por el Ministerio de Educación Nacional.

En 1964 Guasp fue elegido Miembro de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, pero no llegó a leer el correspondiente discurso de ingreso. Su discípulo Jesús González Pérez ha dicho en relación con este tema: “Muchas veces me pregunté por qué él, tan poco perezoso, no había llegado a leer el discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia […] Sus polémicas con [Leonardo] Prieto Castro hubieran sido deliciosas. Cuando fui conociendo el tono de las intervenciones de don Leonardo, que no faltaban en ninguna de las sesiones, llegué a pensar que quizá ahí radicaba la razón de no haber llegado a leer su discurso”.

Guasp también ejerció la abogacía durante los primeros años siguientes a la obtención de la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Madrid.

Fue autor de numerosos dictámenes jurídicos, entre los que destaca el emitido en relación con el célebre asunto de la “Barcelona Traction”, que fue publicado (Guasp, La quiebra de la “Barcelona Traction, Light and Power Cº LTD”, Madrid, 1952). También publicó un resumen de otro importante dictamen sobre el derecho de propiedad intelectual respecto de las obras cinematográficas: El derecho de Propiedad intelectual en la representación y proyección pública de las obras cinematográficas: Extracto del dictamen, Gráf. S. G. A. E., Madrid, 1966. Jesús González Pérez ha dicho acerca de esta faceta de Guasp: “Más de una vez me comentó el Decano Antonio Pedrol que siempre que se enfrentaba con algún problema al que no encontraba solución, acudía a Jaime Guasp. Cualquiera que fuera la materia en que se le presentara. Y siempre, siempre, le daba la solución, o le ponía en el camino de llegar a ella, o le recomendaba el texto en que podía encontrarla”.

Actuó como vocal en diversos tribunales de oposiciones a distintos cuerpos de funcionarios públicos, así como en varios tribunales de exámenes de aspirantes a procuradores de los tribunales.

Fue miembro del Instituto Español de Derecho Procesal.

Formó parte del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Procesal, que empezó a publicarse en 1945. En los siete primeros años de vida de esa revista, se encargó de la Sección de Bibliografía, reseñando numeras obras jurídicas (Pedro Aragoneses Alonso dijo que había publicado unas 250 notas bibliográficas). En 1952 cesó en ese trabajo, publicando en la propia Revista de Derecho Procesal un escrito titulado “Adiós a la Bibliografía”, en el que daba cuenta de las reacciones que sus recensiones habían provocado en muchos de los autores reseñados: “La tarea de enjuiciar científicamente a nuestros escritores de derecho procesal es una labor difícil por su volumen pero mucho más espinosa todavía por la reacción que estas críticas producen constantemente en el ánimo del enjuiciado […] la rabiosa intolerancia con que se recibe, en esta España de nuestros esfuerzos, cualquier asomo de discrepancia con lo que uno ha dicho o ha pensado […] Tratamos desde el primer momento de dar en la Sección Bibliográfica de la Revista un tono de deliberada objetividad a nuestro juicio […] es evidente que una crítica objetiva supone no elogiar a todo trance cualquier libro que se presente, sino decir con honrada sinceridad lo que el crítico piensa de cada uno de ellos […] Pero el escritor, y el que escribe sobre derecho procesal no es una excepción de la regla, lleva muy a mal que se le defina y mucho menos que nadie asome con pretensiones de verdadera crítica en el patrimonio de su talento, cuando él se digna exponer sus ‘preciosas’ muestras a la consideración de sus contemporáneos”.

Tradujo y anotó la obra de Carnelutti Instituciones del nuevo proceso civil italiana, ed. Bosch, Barcelona, 1942.

Con el fin de procurarse algunos ingresos, tradujo durante su juventud para la editorial Aguilar diversas obras, sobre todo novelas policiacas escritas en inglés. Entre las obras traducidas por Guasp, figuran las siguientes: “Aventuras de Mr. Harry Latimer” (de Rafael Sabatini), “La casa del terror” (de Edgar Wallace), “Clemente de Alejandría” (del Abate Gustave Baredy), “El delator” (de Edgar Wallace), “El doble” (de Edgar Wallace) y “Los dos ases” (de Edgar Wallace). Al comienzo de sus estudios de Derecho, Guasp escribió una obra de teatro en verso, titulada “El duende negro”, que no llegó a publicarse.

Guasp era también un formidable orador. Intervino como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de Derecho Procesal, e impartió numerosas conferencias, algunas tan famosas como la que pronunció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid dentro de un ciclo sobre el tema “La mujer en la vida jurídica española”. En esa conferencia, de la que publicó un resumen la revista Blanco y Negro de 30 de mayo de 1959, Guasp afirmó la necesidad de incorporar a las mujeres a las profesiones jurídicas que entonces tenían vedadas, como la Judicatura y el Ministerio Fiscal. Dijo al respecto: “No hay razón para excluir a la mujer del acceso a la función judicial. La mujer no tiene menos capacidad que el hombre […] haría un papel más lucido que los jueces actuales”.

Por Orden de 1 de octubre de 1945, se le concedió la Cruz Distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort. También le fueron otorgadas las Grandes Cruces de Alfonso el Sabio y la del Mérito Civil.

Guasp rehusó los altos cargos que le fueron ofrecidos en Justicia y Educación. Parece ser que en 1977 también estuvo a punto de ser nombrado presidente del Tribunal Supremo. En este sentido La Vanguardia del 23 de junio de 1977 incluía el siguiente titular: “Don Jaime Guasp sustituirá al señor Silva Melero en la presidencia del Tribunal Supremo”, y a continuación se decía: “En medios jurídicos se comenta el posible nombramiento de don Jaime Guasp Delgado como presidente del Tribunal Supremo [...] El señor Guasp es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, hombre independiente políticamente y gran jurista [...] Actualmente es presidente del Alto Tribunal don Valentín Silva Melero, que podría cesar de un momento a otro por incompatibilidad con su cargo de senador del Rey”. No consta si se le llegó a ofrecer realmente aquel cargo o si la oferta fue rechazada por Guasp.

Con motivo de la jubilación de Guasp, por iniciativa de los profesores Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Manuel Alonso Olea, Pedro Aragoneses y Jesús González Pérez, se publicó un Libro homenaje a Jaime Guasp (ed. Comares, Granada, 1984), en el que colaboraron más de treinta autores.

Posteriormente, vio la luz la obra colectiva Jaime Guasp Delgado. Pensamiento y Figura (Colección Maestros Complutenses de Derecho, núm. 5, 2000), que incluye una “Presentación” de Pedro Aragoneses, una selección de trabajos de Guasp, y diversos escritos de otros tantos autores referidos a la vida y la obra de Guasp.