Inició sus estudios en el Colegio de los Escolapios de Barcelona, donde, durante el año escolar de 1827-1828, cursó las primeras letras, gramática castellana y parte de la gramática latina,

Posteriormente, entre 1829 y 1834, cursó el resto de la gramática latina, un año de retórica y tres años de filosofía en el Seminario Episcopal de Barcelona, al tiempo que, entre 1831 y 1833, completó dos años de matemáticas en la Academia de Ciencias Naturales y Artes de esta misma ciudad. Además, en 1835, realizó un curso de lengua española en la Academia de Buenas Letras de Barcelona, y otro curso de economía política en la Real Casa Lonja, obteniendo en ambos la nota de sobresaliente.

En el curso 1834-1835 comenzó sus estudios de Leyes en la Universidad de Cervera. El segundo año lo realizó, en el curso 1835-1836, en los Estudios Generales de Barcelona, siéndole asimismo abonado el tercer año. El cuarto año lo hizo, en el curso 1836-1837, en la Universidad de Barcelona. El quinto año se le reconoció por la obtención del grado de Bachiller, en 1837. Los años sexto y séptimo los completó también en la Universidad de Barcelona, en los cursos 1837-1838 y 1838-1839 respectivamente, con doble calificación de notable en uno y de sobresaliente en el siguiente. Finalmente, el octavo año lo ganó en la Universidad de Madrid, en el curso 1839-1840, con dos notas de sobresaliente.

El grado de Bachiller en Derecho Civil lo consiguió el 5 de noviembre de 1837 en la Universidad de Barcelona, con nota de sobresaliente, a claustro pleno y nemine discrepante.

En la Universidad de Madrid realizó, además, los años sexto y séptimo de Cánones, en los cursos 1840-1841 y 1841-1842.

El 1 de marzo de 1949 dirigió una instancia al Consejo de Instrucción Pública, solicitando ser admitido al grado de doctor en Jurisprudencia. Fundamentaba su petición en el hecho de que cuando empezó su carrera en el año 1834 estaba vigente el plan de estudios de 1824, que en su artículo 67 ordenaba que contando con siete cursos probados de Jurisprudencia los profesores de Leyes fuesen admitidos al grado de Licenciado, y en el artículo 165, que establecía que a los licenciados que lo solicitasen se les conferiría el grado de doctor, alegando, al respecto, que con esta esperanza había estudiado los siete años de Leyes, creyendo que ninguna ley posterior le quitaría con efecto retroactivo los derechos que había ganado. Añadía también que había terminado la carrera en 1840 y que, aunque se había dedicado a la abogacía no se debía entender que había renunciado al derecho a obtener ambos grados, por lo que pedía que no se le aplicase el plan de estudios de 1845, en el que se requería la realización de nuevos estudios. Sin embargo, el Ministerio rechazó estas alegaciones y devolvió el asunto al propio Consejo, que confirmó la consideración de la solicitud como totalmente inadmisible, aduciendo que la doctrina propuesta por López Clarós ataría las manos a todo Gobierno, impidiéndole hacer mejoras y reformas en los planes de estudios, por no vulnerar con tales cambios supuestos derechos adquiridos. Se recordaba, además, que el plan de 1824 hacía trece años que había sido derogado y que en el mismo se dividió la carrera de Jurisprudencia en dos posibles vías, la academia y el foro, siendo esta última la elegida por López Clarós, que no queriendo seguir la primera y recibir el grado de Licenciado, había preferido estudiar un año más para revalidarse en la Audiencia.

No satisfecho con esta negativa, el 11 de abril de 1851 presentó una nueva instancia en la que subrayaba los inconvenientes derivados de que se obligase a estudiar en Madrid las materias necesarias para obtener el doctorado en jurisprudencia. Por ello, manifestaba que consideraba conveniente y necesario que se permitiese el estudio privado de estas materias a los que residiesen fuera de la Corte, siempre que hubiesen acreditado una formación destacada. Y alegaba que no pudiendo aprovecharse del beneficio de vivir en Madrid, se había matriculado en su Universidad en el año 1848-1849, pero que el desempeño de la cátedra de Escribanos le impidió asistir a las clases de último año y aprobar el curso, aunque hizo privadamente el repaso de los contenidos de dicha enseñanza en unión de otro compañero, al que se le había concedido el mismo privilegio que solicitaba, y al que se creía merecedor, pues había sacado nota de sobresaliente en más del doble de las asignaturas requeridas (que eran cuatro), contando los cursos de Cánones. En un principio, el Consejo de Instrucción Pública, atendiendo a la brillante carrera y el notable trabajo literario y de prensa de López Clarós emitió un informe favorable a su solicitud. No obstante, el Negociado del Ministerio señaló que el artículo 326 del Reglamento de 1847 exigía que entre la licenciatura y el doctorado mediase el tiempo de un año en la carrera de Jurisprudencia, recordando, al efecto, que al concluir su carrera López Clarós pudo hacerlo, pero no lo había hecho. Por ello proponía que solamente tras la obtención del grado de Licenciado se le concediese el doctorado.

Insistente en su pretensión, el 23 de noviembre de 1851 López Clarós volvió a remitir otra instancia en la que, sustancialmente, repetía sus argumentos anteriores, con la novedad de apelar a la diferencia existente entre su caso, planteado cuando todavía estaba vigente el Reglamento de 1847, y el análogo promovido por Isaac Núñez Arenas, catedrático de Filosofía de la Universidad Central, que había cursado su petición cuando ya regía el nuevo Reglamento de septiembre de 1851. Finalmente, estas alegaciones fueron atendidas, admitiéndose su petición.

En consecuencia, el 13 de junio de 1852 obtuvo el grado de Licenciado en la Facultad de Jurisprudencia por la Universidad de Madrid, y en 1853 se le concedió, también, el grado de Doctor en Jurisprudencia.

No acabaron aquí, sin embargo, sus peticiones. El 31 de diciembre de 1852, envió una nueva instancia dirigida a la reina, de la que por entonces era secretario honorario, en la que relataba que había solicitado al Rector de la Universidad Central que, en atención a los estudios que tenía realizados, se le permitiese matricularse en el quinto año de la Sección de Administración, si bien éste solo le había abonado un año de Economía Política, por ser los demás distintos de los expresados en el Reglamento de 1851, y haberlos estudiado sin cursarlos académicamente. Y ante esta negativa, invocando los múltiples servicios prestados a la reina, solicitaba que se le concediese la gracia denegada, por no ser cierto que hubiese ganado dichos cursos sin estudiar y, además, que se le permitiese el estudio privado de las asignaturas restantes, por razón de su condición de profesor y sus circunstancias especiales. Con todo, existiendo otros casos similares en los que estas reclamaciones habían sido desestimadas, tampoco la suya logró prosperar.