Blas Pérez González nació en Santa Cruz de La Palma el 13 de agosto de 1898 (para algunos biógrafos en 1896) y falleció en Madrid el 7 de febrero de 1978. De familia procedente de Mazo, y profundamente conservadora, aunque su padre Juan Pérez Díaz, médico muy conocido y querido en la isla por su labor altruista, especialmente en la epidemia de peste de 1888, tenía buenas relaciones con el ambiente progresista, y estaba vinculado con la masonería. Su madre, Mª del Rosario González Déniz pertenecía a una conocida y acaudalada familia palmera que había hecho fortuna en Venezuela. Fue el menor de cuatro hermanos y, contaba con apenas 10 años cuando falleció su padre.

Tras finalizar sus estudios de Derecho, en 1920, mientras cumplía el servicio militar (Regimiento Infantería Covadonga nº 40), aprobó las oposiciones de ingreso al Cuerpo Jurídico del Ejercito, siendo destinado a Larache donde se integró en el grupo de los “africanistas”. Tras una breve estancia en la Auditoria de Guerra de Santa Cruz de Tenerife, en 1926, Blas González vuelve a trasladarse a Madrid para iniciar su carrera universitaria de la mano del prestigioso civilista Felipe Sánchez Román. En poco menos de un año, como ayudante de la Cátedra de Derecho Civil, se presenta a la Cátedra de Derecho Civil de Barcelona, que ganará en 1927.

Incorporado al claustro barcelonés, abre despacho privado en Barcelona, y, tras contraer matrimonio con Otilia Martín Bencomo, perteneciente a la alta burguesía tinerfeña, residió hasta 1936 en Barcelona. El momento político y social de Cataluña en los años 30, marcó sin duda, su trayectoria personal.

Debido a su escasa simpatía con el gobierno de Primo de Rivera, en el período final de la Dictadura fue encarcelado en el castillo de Montjuich, hasta la proclamación de la II República.

El devenir de los acontecimientos y las reformas progresistas del bienio 1931-1933, en especial la autonomía catalana, desencantaron profundamente a un Blas González, amante de la ley y el orden. Su ideario se hace cada vez más conservador, y, tras la Revolución de octubre (1934) su admiración por Franco se acrecentó. Contenida la insurrección, en Cataluña se lleva a cabo una importante represión. Blas Pérez González, participó en esas medidas represoras pues, al pertenecer al Cuerpo Jurídico Militar, con la declaración del Estado de Guerra se incorporó al servicio activo con grado de comandante en la Auditoría de Guerra; intervino con rapidez y contundencia en las causas instruidas por la rebelión contra los consejeros de la Generalitat, así como la del expresidente Manuel Azaña (R. GARRIGA, 1981, pp. 132-133). A comienzos de 1935, Blas Pérez González se reintegró a la docencia universitaria y fue nombrado Decano de la Universidad barcelonesa, donde se había suspendido el régimen de autonomía que gozaba. Identificado con el gobierno cedista y furibundo antinacionalista, el triunfo del Frente Popular en 1936, causó su destitución como Decano; si bien la protección y el aval de Felipe Sánchez Román, le permitió continuar con sus clases en la Facultad de Derecho.

La anarquía desatada en Barcelona en los meses de julio a septiembre de 1936, y la certeza de las simpatías de González con los sublevados, pusieron en grave peligro su vida. El 28 de septiembre fue apresado y conducido a la checa de San Elías, donde el 28 de septiembre fue condenado a muerte por un Tribunal popular; de hecho, un periódico de La Palma llegó a publicar su obituario. La intervención de poderosos amigos (según la versión oficial, alumnos afiliados a la CNT, o quintacolumnistas, junto a compañeros como el rector Bosch Guimpera, Companys o Sánchez Román (vid. MORERA BRAVO, 1971); o según otros testimonios la ayuda de amigos masones) propicia su excarcelación, huyendo a Marsella con su familia, con un salvoconducto expedido por el gobierno republicano.

En 1937, se pasa al bando nacional y, en Burgos, se afilia a la Falange. Avalado por su actuación en 1934, su huida de Barcelona, y por el apoyo de prohombres franquistas como Serrano Suñer y Lorenzo Martín Fuset, comienza su meteórica ascensión dentro del Régimen. Tras la pertinente depuración sin cargos, en 1937 es nombrado Jefe Segundo de la Asesoría Jurídica de Cuartel General en Burgos. El 10 de noviembre de 1938 es investido como primer Fiscal del Tribunal Supremo, y nombrado consejero de FET y de las JONS y, en agosto de 1939, se le encarga la Delegación Nacional de Justicia y Derecho. Dos meses más tarde, Serrano Suñer le incluye entre los vocales de libre designación de la Junta Política. En 1941 toma posesión, por traslado, de la Catedra de Derecho civil, vacante tras el exilio de su maestro Sánchez Román. Además de coordinar la “causa general” contra la II República, tuvo un papel decisivo en la elaboración de La ley de responsabilidades políticas (1939), Ley para la represión de la masonería y el comunismo (1940) y Ley para la seguridad del estado de 1941.

Con el apoyo manifiesto de José Luis Arrese, frente al sector liderado por Serrano Suñer, fue nombrado Ministro de Gobernación, cargo que ocupó entre 1942 y 1957 (MARÍN, MOLINERO, YSÀS, 2001, vol. 2, pp. 47-52). Blas Pérez, al frente del Ministerio, manejó el aparato represivo del Estado, tanto contra los ataques de la izquierda (maquis, PCE, CNT), como de los sectores disconformes del Régimen (monárquicos y falange radical).

A mediados de los 50, coincidiendo con las “guerra de familias” en el Régimen (monárquicos, aperturistas, falangistas y tecnócratas del Opus) su estrella empezó a declinar. Tras los conflictos en la Universidad, y el pulso de los falangistas; la desafección con Arrese, y la enemistad con Carrero Blanco, para quien el ministro Pérez no había actuado con la debida dureza, propició que, alimentando los rumores que le vinculaban en el pasado con la Masonería, Franco lo cesó el 25 de febrero de 1957 (Cfr. FERRER MUÑOZ, 1993, p. 486). Aunque le ofreció de inmediato el recién creado Ministerio de la Vivienda y Previsión social, el rechazo de Blas Pérez, argumentando que quería dedicarse a su carrera académica y profesional, propició el malestar de Franco, llegando a vigilarle e intervenir su teléfono (PELAEZ, 2008, p. 297)

Pérez González aspiraba a rentabilizar sus contactos profesionales y económicos; y aunque conservó el escaño de Procurador de Cortes (1943-1977), ocupando siempre cargos natos -Consejero Nacional, miembro del gobierno, o designación directa del Jefe del Estado-, entró en la órbita empresarial del Grupo March, como consejero y asesor jurídico lo que le proporcionó una desahogada posición económica (CARDONA, 2001, p. 181; GARRIGA, 1981, pp. 205-208; SÁNCHEZ SOLER, 2001, pp.145 y ss).

Murió el 7 de febrero de 1978, a modo de epitafio, El País, le calificaba como "hombre de confianza de Franco”. Años más tarde, el Juez Baltasar Garzón, le imputó junto con otras 35 figuras del Franquismo por crímenes contra la humanidad y detención ilegal durante la Guerra civil y primeros años del Régimen, aunque el Supremo desestimó la competencia del Juez para procesar a estas personas ya fallecidas.