El expediente de depuración se le abre en Zaragoza con fecha 26 de febrero de 1937. El Tribunal estaba formado por Antonio de Gregorio Rocasolano, que era el presidente, Lorenzo Torremocha Téllez, Teodoro Andrés Marcos, Isaías Sánchez Tejerina y Cándido A. González Palencia que actuaba como secretario.

Constan una serie de informes bastante imprecisos. Uno procede del Gobierno civil de Oviedo, donde se lee que “se mostraba republicano, izquierdista y seguidor de Sánchez Román. La prudencia aconseja que no perdure en la cátedra aunque al iniciarse el Movimiento se presentó en Corcubión a las autoridades locales”. Otro del SIM afirma que es “poco conocido pero pertenece a la Institución Libre de enseñanza que influyó poderosamente para que lograse la plaza. Izquierdista destacado”. Por su parte desde el rectorado se informa sobre su conducta, académica, que se califica como competente; en lo relativo a su conducta política “en Oviedo no se ha manifestado. Por referencias en Salamanca era Azañista. Se adhirió al Movimiento en los primeros momentos”; en lo tocante a la religiosa el rector señala que “tengo entendido que fue de la Congregación de San Luis que dejó para preparar la cátedra. En la actualidad no sé si profesa o practica nuestra religión”. Los informes de dos particulares le califican respectivamente de “Azañista. Educado en los salesianos y protegido por ellos” y de “izquierdista decidido. Lleva pocos meses en esta Universidad”

En consecuencia, se le acusa de ser republicano, de izquierdas y “devoto” de Sánchez Román y, además, de pertenecer a la Institución Libre de Enseñanza, gracias a la cual –según los informes- obtuvo la cátedra. No tarda en responder con un pliego de descargo que firma el 26 de marzo de 1937 en Corcubión, donde alega que no pertenecía a ningún partido ni agrupación republicana de izquierdas. Añade que “al advenimiento del régimen figuró como afiliado a la Agrupación al Servicio de la República, fundada e inspirada por los Sres. Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, y al disolverse esta organización, pasó, como la mayor parte de los componentes de aquella, al partido Acción republicana, no obstante fue baja en el mismo a comienzos del año 1935, según puede comprobarse, si se conservan, en los libros de dicha organización en Salamanca”. Expone que aun entonces se limitó a ser un afiliado más, pues se consagró a sus trabajos, “manteniéndose apartado de toda actividad política, como se demuestra no haber hecho uso de su derecho de voto en las últimas elecciones de 16 de febrero de 1936, según se puede confirmar en la Sección estadística de Salamanca en cuyo censo figuraba”. Con respecto a su vinculación con Sánchez Román manifiesta que “no ha tenido ni tiene ningún contacto político con el Sr. Sánchez Román como lo demuestra el no haber sido nunca afiliado al Partido Nacional republicano que él dirigía. Su relación se limitó al aspecto estrictamente personal y jurídico. Misma devoción le inspiran otros profesores poco sospechosos de izquierdismo como son los Sres. De Diego, Perez Serrano, Garrigues, Luna etc.”. También declara acerca de su relación con la Institución Libre de Enseñanza, manifestando que no pertenecía, ni nunca había pertenecido, a la misma y señalando a continuación que “su único contacto indirecto con ella ha sido a través de la “Junta para Ampliación de estudios”, como casi todos los profesores universitarios, al obtener de ésta la consideración oficial de pensionado en Alemania, cuando lo estuvo por la Universidad de Salamanca en el curso 1929-30, como becario del Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo y más tarde al serle concedida por aquella una pensión para ampliar sus estudios en Alemania e Italia en el año 1932, pensión que no llegó a disfrutar por diversas razones entre ellas su delicado estado de salud”.

Entre los documentos que adjunta se encuentra su adhesión al Movimiento efectuada ante el alcalde de Corcubión y su presentación al comenzar el curso académico en cumplimiento del Decreto de la Junta de Defensa Nacional dado el 8 de septiembre en Burgos y publicado el día 12. Otro documento, firmado el 19 de diciembre de 1936, certifica su conducta moral intachable.

El 27 de septiembre de 1937 dirige un escrito al Presidente de la Comisión de Cultura y enseñanza de la Junta Técnica del Estado, solicitando que sea activada la resolución de su expediente. Desde que el 2 de enero de aquel año fue declarado suspenso de empleo y sueldo mientras durase la tramitación de su expediente y aun habiendo formulado pliego de descargo en el mes de marzo, llegado el principio del nuevo curso no había obtenido respuesta y en consecuencia explica que “no ha podido tampoco prestar auxilio al nuevo Estado participando como magistrado en la auditorias de Guerra, ni impartiendo unos cursillos de verano, tal como tenía previsto, en la villa de Luarca”. Y esto a pesar de la Orden de 3 de febrero del 1937 por la que se decretaba prioridad para los expedientes de depuración de quienes tenían suspensión de sueldo. Manifiesta Polo en este escrito su disposición a colaborar en los cursos que se organicen “encaminados a destacar el valor de la cultura tradicional”, proponiendo una serie de temas para estos cursos relacionados con la historia del Derecho Mercantil como “El siglo de oro en la literatura jurídico mercantil española”, o del tipo “Las instituciones jurídico mercantiles ante la concepción nacional sindicalista del estado”. El rectorado ovetense eleva este escrito a la Comisión depuradora el 6 de octubre de 1937, que decreta, por orden dada el día 13 de ese mes, la separación definitiva del servicio e inhabilitación para cargos directivos y de confianza del catedrático Antonio Polo. Esta decisión había sido adoptada el 17 de mayo de aquel 1937 y la Comisión de Cultura y enseñanza la había aceptado en Burgos el 20 de julio, pero, por alguna razón, no se comunicó al interesado hasta que éste reclamó la activación de su expediente.

Concluida la guerra, el 13 de octubre de 1939 y residiendo entonces en Madrid, en la calle de Lagasca 134, suplica que se admita su solicitud de recurso de revisión, en virtud de la disposición final 1 en relación con el art. 11 de la Ley de 10 de febrero de 1939 y el nº 3 de la orden de 18 de marzo del mismo año y con ello la reposición en su cargo sin sanción, anulando la separación definitiva decretada con fecha 13 de octubre de 1937. Los términos en los que se manifiesta son, en línea general, similares a los que planteó en su día en el pliego de descargo ante las acusaciones que se le imputaron. Aunque ahora añade que su baja en el partido Acción Republicana vino motivada por la viva impresión que le causaron en 1934 los sucesos de Asturias y Cataluña. Explica también que en aquel momento, una vez liberada Madrid, puede bien comprobarse que no votó en el 36. Recuerda su absoluta lealtad al Movimiento manifestada documentalmente en su día y menciona el escrito que dirigió lamentándose de no poder colaborar con su tarea como Magistrado, jurista y universitario en la reconstrucción española, el día 16 de septiembre de 1937. Manifiesta que a los pocos días de firmar aquel escrito “se vio sorprendido por la orden de 13 de octubre de dicho año que decretaba su separación definitiva del servicio, no habiendo formulado recurso alguno contra aquella sanción, a todas luces injusta, porque creyó su deber de español no entorpecer con peticiones mezquinas y de carácter personal la enorme tarea que entonces pesaba sobre el Gobierno español, manteniendo en actitud de paciente esperar, a pesar de lo angustioso de su situación económica”.

Señala que durante el tempo que permaneció en La Coruña colaboró con las autoridades del Movimiento así como con la Delegación sindical Provincial de aquella ciudad, habiendo quedado adscrito a la Delegación Nacional de Sindicatos nada más instalarse en Madrid donde presta en ese momento sus servicios, habiendo publicado sobre el Fuero de los Trabajadores y colaborado en la “Revista de Organización y acción sindical”. La solicitud concluye con el tradicional “¡Saludo a Franco! ¡ARRIBA ESPAÑA!”.

Varios documentos firmados por conocidos falangistas acreditan esa repulsa alegada por Polo hacia los sucesos de Asturias. Se trata de Gerardo Salvador Merino, Julio Fuertes Pérez, Manuel Díaz-Berrio y Cava y Rodrigo Uría González, que en 1939 es auxiliar de la Universidad de Oviedo y presta servicios en la secretaría técnica de la secretaria general de la FET y de las JONS. Un documento de Calvo Alfageme acredita que Polo, en febrero de 1936, formaba parte de un tribunal para la plaza de catedrático de Derecho Mercantil en la Laguna, de modo que no pudo votar en febrero ni el 26 de abril para las elecciones de compromisarios. A su vez Salvador Merino y Carlos Romero de Lecea ponen de manifiesto su competencia y disposición para resolver las cuestiones sindicales que se habían planteado.

El 24 de octubre de 1940 el tribunal regional de responsabilidades políticas de Oviedo dicta sentencia en el expediente seguido a Antonio Polo, que resulta absuelto tras probarse que se dio de baja en 1934 de Acción Republicana, colaborando además con el Movimiento nacional. Esta solicitud de revisión sin embargo había sido rechazada en un primer momento por la Dirección general, al no aportar nuevas pruebas o circunstancias. Ante esta afirmación el tribunal, prescindiendo incluso de los buenos informes que aporta el solicitante, se planteaba el problema de fondo: ¿el miembro de Acción Republicana que presenta baja en esa organización en 1934 por considerar su militancia incompatible con el movimiento revolucionario de octubre y que desde entonces no vuelve a tener significación política alguna ha cometido falta tan grave que sea motivo suficiente para apartarle del servicio? Y recordando que la Dirección general había desestimado la revisión por estimarse que no se demostraban nuevas circunstancias que modificasen los hechos, añade el Tribunal que en este caso, 1º, “Se aportan sin embargo nuevos documentos y certificados algunos valiosos” y que, 2º, “tratándose de una revisión política no cabe aplicar los conceptos de la revisión civil, toda vez que en este los hechos siempre tienen la misma valoración, mientras que en el político son valorados por las circunstancias de tal forma que delitos unánimemente sancionados con la pena de muerte en los comienzos del alzamiento no serían hoy objetos de tan rigurosa represión”.

El juez depurador (Sr. Arturo Caballero) propone finalmente al Ministerio el 26 de junio de 1941 que Polo sea repuesto en su cargo en la Universidad de Oviedo sin imposición de sanción. Pero se añade escrito a mano: “el 26 de junio, traslado e inhabilitación para cargos directivos y de confianza”. Otra anotación manuscrita dice “con fecha 2 de julio de 1941, se limita a traslado a otra universidad”. En efecto, la resolución del Ministerio de esa fecha manifiesta que, visto el expediente de revisión y según lo dispuesto en la ley de 10 de febrero de 1939 y O. de 18 de marzo, se resuelve “reponerlo en su cargo de catedrático con el sueldo anual de 12.000 pts. que es el que le corresponde a su actual categoría pero imponiéndole como sanción el traslado a otra universidad”. Así sería: por resolución de 11 de octubre de 1941 (no fue publicada) se le destina con carácter forzoso a la Facultad de Derecho de Granada, donde toma posesión el 7 de noviembre de 1941. Cincuenta años después, con ocasión en 1991 de la ceremonia que le investía como doctor “honoris causa” de aquella Universidad, en la laudatio se señalaba que fue “su acendrado liberalismo, propio de un convencido demócrata sin ninguna adscripción política” la causa de que se le separara de la cátedra durante unos años y de que “cuando se le reincorporó a ella se le destinara forzoso –permitidme pensar que bendita sanción– a Granada, perdiendo su Cátedra de Oviedo mientras que otro mercantilista, Emilio Langle, es trasladado forzosamente, desde la de Granada a la asturiana”.

A punto de jubilarse, con 69 años residiendo en Barcelona, solicitó que se le reconociese a efectos de trienios el tiempo que permaneció separado del servicio. El Ministerio, el 25 de febrero de 1977, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 3357/1975 de 5 de diciembre, resolvió reconocer a esos efectos el periodo del 14 de octubre de 1937 a 1 de julio de 1941, otorgando los correspondientes efectos económicos desde el 1 de enero de 1976. En cambio, la solicitud de abono de la mitad de los sueldos devengados desde la revisión del expediente de depuración hasta la vuelta al servicio activo había sido denegada, a pesar del parecer favorable del negociado competente, “por equidad”; sin embargo el abogado del Estado se opuso a la petición, al considerar que Polo en esos meses carecía de la condición de funcionario público al haber sido separado del servicio (orden de 22 de enero, 1942).