Profesor ayudante de clases prácticas de Derecho Penal en la Universidad Central, en virtud de nombramiento extendido el 22 de marzo de 1930.

Antes de obtener la cátedra de la Universidad de Santiago, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo participó en las oposiciones para cubrir la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Zaragoza. Mediante Real Orden de 31 de enero de 1931 fue nombrado el tribunal encargado de juzgar estas oposiciones. Antonio Royo Villanova fue designado presidente titular; mientras que el nombramiento de vocales titulares recayó en Tomás Montejo y Rica, Francisco Beceña González, José María Serrano Suárez y Gabriel Bonilla Marín. Para participar en los ejercicios presentaron solicitud once candidatos: Luis Navarro Canales, Emilio Gómez Orbaneja, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Antonio Luna García, Adolfo Cuéllar Rodríguez, José Guallart y López de Goicoechea, Francisco Marcos Pelayo, Pedro Moreno Lostau, Leonardo Prieto-Castro, Agustín Íscar Alonso y Victoriano Nuño Beato y Asín. De éstos, el Tribunal aceptó a los primeros ocho y posteriormente fue aceptado Leonardo Prieto-Castro, a quien se había excluido “en un principio por falta de presentación de determinados justificantes documentales.” El Tribunal convocó a los opositores para el día 1 de febrero de 1932, pero sólo se presentaron Prieto-Castro y Alcalá-Zamora y Castillo, quienes al correr de los años se convertirían en “dos de los máximos procesalistas españoles del siglo XX.” Después de realizar los ejercicios el Tribunal procedió a la votación, la “que tuvo lugar el 12 de marzo de 1932, con el siguiente resultado: los dos integrantes del tribunal de más edad (Royo Villanova y Montejo Rica) dieron su voto a Alcalá-Zamora y Castillo, mientras que los tres restantes miembros del tribunal votaron a favor de Prieto-Castro (Bonilla, Beceña y Serrano), que de esta forma obtuvo la victoria en las oposiciones…”

El proceso por el que Alcalá-Zamora y Castillo accedió a la cátedra de la Universidad de Santiago se resume de la siguiente manera: La convocatoria se fechó el 31 de mayo de 1932 y apareció en la Gaceta del 2 de junio del mismo año. Para ser admitidos en estas oposiciones los candidatos debían cubrir los siguientes requisitos: ser español, no estar incapacitado para ejercer cargos públicos, haber cumplido 23 años de edad y tener el título que exigía la legislación “para el desempeño de la vacante o el certificado de aprobación de los ejercicios correspondientes al mismo, pero entendiéndose que el opositor que obtuviera la plaza no podrá tomar posesión de ella sin la presentación del titulo académico de referencia.” Los aspirantes que cumplieron con los anteriores requisitos y fueron admitidos respondían a los nombres de: Agustín Íscar y Alonso, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Enrique Martín y Guzmán y Valentín Silva y Melero.

El 15 de julio de 1932 fue nombrado el Tribunal para juzgar los ejercicios, decisión publicada en la Gaceta del 18 del mismo mes y año, en la que figuran los nombres de los personajes designados como miembros del Tribunal: Don José Xirau y Palau, catedrático de la Facultad de Derecho y Consejero de Instrucción Pública, presidente; Don Emilio Gómez y Orbaneja, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, vocal; Don Francisco Beceña y González, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Central, vocal; Don José María Giralt, profesor auxiliar de la asignatura de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, vocal; Don Tomás Montejo y Rica, propuesto por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, vocal. Como vocales suplentes fueron nombrados: Don Leonardo Prieto, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Zaragoza; Don Matías Domínguez Ballarín, catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Valencia; Don Miguel Cuevas, oficial letrado de la Secretaría del Congreso y Don Juan Serra y Puig, provisor de la Diócesis de Barcelona. Finalmente, el Tribunal que juzgó estas oposiciones se integró por Xirau, Giralt, Gómez Orbaneja, Beceña y Serra y Puig.

Los opositores fueron citados, “pero, a la hora de la verdad, sólo uno de ellos se presentó a realizar los ejercicios: Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.” En esta ocasión Alcalá-Zamora y Castillo obtuvo todos los votos de los miembros del Tribunal y el 5 de diciembre de 1932 fue nombrado, por oposición en turno libre, catedrático numerario de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Tomó posesión del cargo el 1 de enero de 1933.

Por Orden de 6 de abril de 1935 y en virtud de concurso de traslado pasó a la Universidad de Murcia a desempeñar la cátedra de Derecho Procesal.

Por Orden de 28 de mayo de 1935 pasó a la cátedra de Derecho procesal en la Universidad de Valencia, en virtud de permuta con el catedrático Matías Domínguez Ballarín.

Durante la Guerra Civil el gobierno republicano lo sancionó por abandono de destino. Los motivos de esta medida los dio Wenceslao Roces, subsecretario de Instrucción Pública y catedrático de universidad, en la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1937, en la que plasmó que “Al decidir el Gobierno de la República la reanudación de las actividades académicas en las Universidades radicadas en territorio leal, hubo de disponerse, por Orden de 28 de Agosto último (GACETA del 31), la presentación en la Secretaria general de la Universidad de Valencia, antes del día 15 de Septiembre de todos aquellos Profesores universitarios, a quienes la sublevación de los militares facciosos hubiera sorprendido en territorio leal o en el extranjero, con la sola excepción de aquellos que se encontrasen fuera de España cumpliendo alguna misión oficial confiada o autorizada debidamente por este Ministerio.” Sin embargo, “contrastando con la generalidad de nuestro Profesorado, que fiel al cumplimiento de su deber, respondió con diligencia y entusiasmo a este requerimiento ministerial… un grupo de profesores universitarios, manifestando una evidente falta de solidaridad con el pueblo español, que lucha con abnegación en defensa de las libertades nacionales, ha faltado abiertamente al cumplimiento de sus deberes más elementales, desoyendo el llamamiento del Gobierno y permitiendo con su abstención que sus enseñanzas pudieran quedar desatendidas...” Por lo tanto, el Ministerio de Instrucción Pública dispuso que los profesores universitarios, quedaban “incursos en las sanciones establecidas en el art. 171 de la vigente Ley de Instrucción Pública, para los casos de abandono de destino…” Entre la lista de profesores sancionados se encontraba “Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Profesor de la Universidad de Valencia.”

También sufrió las represalias del gobierno franquista, pues por Orden de 29 de julio de 1939 causó baja en el Escalafón de Catedráticos Numerarios de Universidad y se declaró vacante la cátedra que disfrutaba por “separación definitiva de su titular”.

Después de más de 30 años de exilio regresó a España (1976) y por Orden de 7 de junio de 1977, con efectos desde el 2 de octubre de 1976, fue aprobada su jubilación como catedrático de universidad por haber cumplido la edad reglamentaria (70 años). El Ministerio de Educación y Ciencia le reconoció para efectos de jubilación los siguientes años de servicio: desde el 1 de enero de 1933 al 29 de julio de 1939, servicio activo como catedrático numerario de Universidad; el periodo comprendido desde que fue separado del servicio hasta que cumplió la edad reglamentaria de jubilación (29 de julio de 1939 al 2 de octubre de 1976) le fue reconocido como derechos pasivos. Por lo tanto, al momento de su jubilación contaba “con un total de servicios de cuarenta y tres años, nueves meses y dos días.”